La reforma de las pensiones

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El pasado mes de junio se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para iniciar la reforma de nuestro sistema de pensiones. Si no hay sorpresas, el acuerdo tomado comenzará en este último trimestre su desarrollo normativo, de forma que para enero del próximo año las medidas acordadas entrarán en vigor.

La reforma es, desde luego, positiva, si bien no contempla el principal problema de nuestro sistema que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es el principal reto a afrontar, por desgracia en esta reforma no se recoge nada sobre este aspecto. Somos muchos los que seguimos pensando que la sostenibilidad de las pensiones es un riesgo a medio plazo, provocado entre otras causas por el importe de las nuevas pensiones. Los nuevos jubilados y los que irán llegando en el futuro, aún cuando hayan cotizado durante muchos años, no han aportado los suficientes recursos, lo que provoca un déficit actuarial entre lo aportado y lo recibido, problema agudizado por el aumento de la esperanza de vida y en envejecimiento de nuestra población.

La propia AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española) es consciente de esta situación en su observatorio(1) del mes de mayo de 2021 de la institución. En el citado informa recoge como el mayor gasto en pensiones, de no ser compensado con ingresos adicionales, provocará un aumento considerable de la deuda pública en el medio y largo plazo. Unos niveles de deuda pública sobre el PIB que en estos momentos, primer trimestre, alcanzan ya un porcentaje del 125,2 %, desde el cierre del año 2019: el stock de deuda ha aumentado 29,7 puntos. El volumen acumulado supone una situación de vulnerabilidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas, todo ello en un momento de condiciones de financiación inmejorables por la actuación del Banco Central Europeo, BCE.

Centrándonos en las medidas que la reforma probada aborda hay que destacar: la actualización de las pensiones al IPC, la sustitución del factor de sostenibilidad por el denominando factor de equidad intergeneracional e incentivar el retraso de la jubilación penalizando las jubilaciones anticipadas.

Revalorización de las pensiones

El actual acuerdo sobre las pensiones incluye la recuperación del Índice de Precios al Consumo, IPC; como referencia para la revalorización de las pensiones. Una vez aprobadas las medidas, las pensiones se aumentarán en la misma proporción que el IPC al cierre del año. En el caso de registrarse una caída del indicador de precios, las prestaciones por jubilación no perderán poder adquisitivo, manteniéndose los importes cobrados por los jubilados.

Este acuerdo supone también la derogación del factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida del momento, el cual estaba prevista que entra en vigor en el ejercicio 2023; el factor de sostenibilidad tenía el objetivo de ir ajustando el aumento en el gasto en pensiones por el envejecimiento de la población. Queda pospuesto el diseño de un facto de equidad intergeneracional que garantice la sostenibilidad y suficiencia de los futuros pensionistas, con fecha límite el día 15 noviembre del presente año.

Incentivar el retraso de la jubilación

Uno de los principales objetivos de la reforma acordada es la de retrasar la edad efectiva de la jubilación a la edad legal. Actualmente, como es sabido, la edad legal de jubilación está establecida en los 66 años para aquellos que hayan cotizado por debajo de 37 años y tres meses y de 65 para los que tengan vidas laborales más largas. Sin embargo, la edad legal no se adapta a la edad efectiva que se sitúa en 64 años y seis meses, según fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esta diferencia es consecuencia, principalmente, por la utilización de la jubilaciones anticipada voluntaria a los 64 años e involuntaria a los 62 años.

Para ajustar, todo lo posible, la edad legal y la efectiva, la reforma contempla dos medidas que incentiven el retraso en el momento de jubilarse. El primero, se centra en la jubilación anticipada, donde se aumentarán las penalización de los coeficientes reductores para los que opten por la figura de la jubilación anticipada voluntaria. Actualmente estos coeficientes oscilan entre el 6,5% y 8% anual, suavizándose los coeficientes conforme se acerca la edad de jubilación a la edad ordinaria. Los nuevos coeficientes ya no contemplan reducciones por trimestre, sino por mes. Con este nuevo modelo, la penalización podría llegar al 21% para los que se retiren 24 meses antes de cumplir la edad legal y que hayan cotizado menos de 38 años y medio; la penalización asciende al 13% para cotizantes con 44 años y medio de cotización.

Resalta que en el caso de las jubilaciones anticipadas involuntarias, que se producen como, por ejemplo, a consecuencia de un despido, no sólo no se penalizan, sino que incluso se mejoran.

En cuanto a la demora de la jubilación se incentiva el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, algo que permanece respecto a la norma anterior mediante un incremento del 4% de la prestación o un único pago por cada año que se retrase la edad respecto a la legal.

En cuanto a la jubilación forzosa la reforma intenta frenarlas, prohibiéndose antes de los 68 años de forma general, la excepción la encontramos en actividades con baja presencia femenina y donde la salida de un varón conlleve la contratación de una mujer. Otra condición es que el jubilado forzoso tendrá que tener derecho a 100% de su pensión.

Otra de las medidas adoptadas incide en las fuentes de financiación de nuestro sistema de pensiones. En este sentido el garante de las pensiones es el Estado, para ello se incluye una cláusula en la Ley General de la Seguridad Social mediante la cual se contempla la posibilidad de transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado. Esta transferencia se sitúa aproximadamente en un 2 % del PIB, 21.000 millones de euros, cuyo proceso se realizará en el año 2023.

Como se ha comentado al inicio, la actual es un primer paso que hay que tildar de positivo pero incompleto. El actual acuerdo va por el buen camino; sin embargo, se echa en falta cuestiones de hondo calado como son: las cuentas nocionales, incentivar el ahorro privado, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomo y la gestión y diseño del Fondo Público de Pensiones. Son algunas de las cuestiones básicas que se deberán abordar en un futuro.

Miguel A. Bernal Alonso

(1) AIREF: Observatorio de Deuda, mayo 2021. https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/05/OBSERVATORIO-DEUDA/Observatorio_Deuda_Mayo_202_.pdf

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